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Ecologistas en Acción denuncia por prevaricación ambiental a los funcionarios y autoridades del Ayuntamiento de Morón de la Frontera y de la Junta de Andalucía que han favorecido la explotación minera ilegal de la Sierra de Morón desde 2014.
La denuncia se presentó el pasado 26 de mayo ante los Juzgados de Morón de la Frontera, dirigida contra el Alcalde, Juan Manuel Rodríguez, los Concejales de Urbanismo, Ignacio Cala y Cristina Cuadro, y funcionarios del Ayuntamiento de los departamentos de urbanismo y medio ambiente. También han sido denunciados tres funcionarios de la Junta de Andalucía que intervinieron en el expediente de Evaluación de Impacto Ambiental que se tramitó en 2013 y que concluyó con una Declaración de Impacto Ambiental manifiestamente ilegal, para la prórroga de 30 años de la explotación minera la Sierra de Morón.
La denuncia se presenta tras recibir el 24 de mayo la providencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con sede en Granada que ha inadmitido el recurso de casación contra la Sentencia de 17 de julio de 2019, y que por tanto confirma la ilegalidad de todas las autorizaciones ambientales y mineras de la prórroga de 30 años. Y el motivo de esa ilegalidad es la prohibición de actividades extractivas establecida en las normas urbanísticas vigentes de Morón de la Frontera desde 2012, precisamente en la zona donde se ubica la cantera, calificada en su mayor parte como Suelo No Urbanizable de Especial Protección y Conservación Prioritaria.
Tanto el Alcalde, Juan Manuel Rodríguez, como el Concejal de Urbanismo, Ignacio Cala, conocieron en abril de 2013 el informe de incompatibilidad urbanística del arquitecto municipal de Morón de la Frontera, realizado expresamente para el proyecto de explotación de la prórroga de 30 años. Y en ese informe se trasladaba al Alcalde la prohibición de las actividades extractivas, industriales y movimientos de tierra en la zona donde finalmente se autorizó, ilegalmente, la prórroga hasta el año 2044. Y ambos, Alcalde y Concejal de Urbanismo, en vez de cumplir con su obligación de informar desfavorablemente la referida prórroga en base a la prohibición de las normas municipales de su competencia, decidieron ocultar ese informe de incompatibilidad urbanística, a sabiendas de que su contenido era determinante para no autorizar la prórroga de 30 años.
Igualmente los tres funcionarios de la Junta de Andalucía denunciados, tuvieron conocimiento del informe de incompatibilidad urbanística de abril de 2013, y a sabiendas, lo ignoraron e informaron favorablemente la autorización ambiental de la prórroga, en contra de la legislación ambiental vigente, y a sabiendas de su injusticia. Especialmente grave resulta el comportamiento del entonces Secretario General de la Delegación Territorial competente en medio ambiente, Salvador Camacho Lucena –imputado igualmente por corrupción en el caso de la adjudicación irregular de la reapertura de la mina de Aznalcóllar-, que debía velar por el cumplimiento de la legalidad vigente y sin embargo forzó la firma de la Declaración de Impacto Ambiental favorable por parte del entonces Delegado Territorial, que falleció pocos día después tras una grave enfermedad.
Por último también han sido denunciada la actual Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, que habiendo tenido conocimiento en reiteradas ocasiones de la incompatibilidad urbanística de la Sentencia ahora declarada firme, no ha actuado para dar cumplimiento a la prohibición de las actividades extractivas que ha destruido literalmente suelo especialmente protegido y de conservación prioritaria.
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