El Defensor del Pueblo denuncia la “crueldad de la sujeción mecánica” en los centros de menores

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Abolición de la sujeción mecánica en los Centros de Menores Infractores (CMI). La petición ha sido formulada por el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, quien defiende que está práctica “exige el uso de la fuerza, por lo que constituye siempre una situación de riesgo, estando en juego derechos tan fundamentales como el derecho a la vida y el derecho a la integridad física”.

Fernández Marugán, que ejerce como Defensor del Pueblo desde 2017, ha emitido esta recomendación después de que el organismo de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura publicase, a finales de junio, su informe anual en el que desglosa los incumplimientos y las obligaciones por parte de la administración pública en los lugares de privación de libertad

El comunicado emitido por el Defensor del Pueblo se hace eco de las muertes de dos menores de edad, internados en un CMI (en Melilla y Almería, respectivamente), tras ser sometidos a sujeción (o contención) mecánica, una práctica que consiste en inmovilizar a una persona atándola, habitualmente, a una cama. 

Es por ello que Fernández Marugán ha pedido al Ministerio de Justicia que derogue el apartado del reglamento de responsabilidad penal de los menores en el que se regulan las sujeciones mecánicas. En su opinión, este tipo de prácticas en centros de menores “son de una crueldad innecesaria”: “No puede volver a morir nadie en España en estas circunstancias”

Cama donde se aplica contención mecánica en un Centro de Menores Infractores | Imagen: Defensor del Pueblo

“En el imaginario colectivo, la idea de tortura suele ser la de un militar franquista metiendo la cabeza de alguien en un inodoro, arrancándole una uña, o cosas peores”, explica a Newtral.es Silvina Ribotta, profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), e investigadora sobre derechos humanos y prevención de la tortura. 

Ribotta señala que “es habitual que la sujeción mecánica vaya acompañada del decúbito prono”, es decir, con el cuerpo de la persona totalmente boca abajo: “Eso está prohibido por todas las reglamentaciones internacionales, y a España ya se le ha advertido desde el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura [CPT], es decir, ya lo saben”.

El propio Defensor del Pueblo, en un informe de 2017, señala que si se realiza una sujeción mecánica debe ser “decúbito supina (boca arriba)” y, además, “con el uso de camas articuladas que permitan elevar el cabecero”. “En caso de carecer de cabecero articulado, pueden insertarse cuñas debajo del colchón que eleven la cabeza hasta alcanzar la altura de seguridad. Se evitarán otro tipo de posturas salvo indicación expresa justificada del médico por alguna razón específica (por ejemplo, existencia de quemaduras, escaras u otro tipo de lesiones dérmicas que contraindiquen el decúbito supino)”, añade el informe. 

La sujeción mecánica no estaría justificada, en ningún caso, según el Defensor del Pueblo, cuando se trata de menores. De ahí que haya pedido expresamente la abolición de esta práctica. 

Es por esto que Silvina Ribotta considera que el desafío es ampliar la concepción de tortura: “Es todo acto que implica un daño, que puede ser físico pero también psicológico y que es irreparable o que no debió suceder. Y por irreparable no debemos entender solo que te amputen un brazo, una violación también es tortura”.

La profesora de Filosofía del Derecho en la UC3M señala a las autoridades como responsables de evitar estas situaciones: “Parece que sea inconcebible que un policía, un guardia civil o un guardia de seguridad puedan ejercer tortura o tratos inhumanos y degradantes, pero ocurre. Y ocurre con aquellas personas que llamamos ‘torturables’, es decir, personas sin recursos, ni redes, ni buenos abogados…”. 

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Tratos inhumanos a menores internados

El Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNP) tiene registrados en toda España 71 Centros para Menores Infractores. En 2019, señala en el comunicado, se realizaron 10 visitas, que han derivado en una recomendación, 139 sugerencias y 6 recordatorios de deberes legales.

Sobre el uso de la sujeción mecánica prolongada, el informe de este organismo dependiente del Defensor del Pueblo constata que los CMI de El Segre, La Marchenilla, Rei Jaume I y L’Alzina no reúnen las características recomendadas. “En el El Segre y L’Alzina, además, se realizan las contenciones en posición decúbito prono, en contra del criterio descrito en la citada guía”, apunta el documento. 

Según el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), “inmovilizar a menores en una cama o esposarlos a objetos fijos en una celda de aislamiento es un uso desproporcionado de la fuerza y una medida incompatible con la filosofía de un centro educativo que debería enfocarse en la educación y la reintegración social de los menores”. 

Imagen extraída del informe anual (2019) del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura | Defensor del Pueblo

Pero el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura también refiere mejoras en ámbitos como la prevención del suicidio, los cacheos y el aislamiento de los menores.

En su informe, este órgano detalla que “en el centro Es Fusteret, algunas de las menores internas estaban encargadas de dar apoyo a otras de reciente ingreso, o a las que pudieran presentar indicios de riesgo de suicidio”: “No resulta conveniente depositar la responsabilidad del programa de prevención de suicidio en las propias jóvenes. Se requeriría, en todo caso, un programa de capacitación y acompañamiento a las jóvenes encargadas, a fin de garantizar mecanismos de protección para ellas. Se ha de recordar que es obligación de la Administración velar por la vida e integridad física de las jóvenes internadas en el centro”. 

Asimismo, en el CMI La Montañeta, los menores que ingresan deben permanecer automáticamente en el módulo de observación, sobrepasando a veces las 24 horas. “Durante el período que permanece en la unidad de observación el menor está solo, come en la misma habitación, desprovista de mesa, y baja al patio también solo, en las mismas condiciones que si estuviera en sanción de separación de grupo”, destaca el MNP. 

Además, a la llegada de estos menores “se les realiza casi siempre un registro con desnudo integral”, una práctica que el MNP rechaza “de manera contundente”: “Tal y como se indica en el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, los registros con desnudo integral solamente se podrán llevar a cabo por motivos de seguridad concretos y específicos y cuando no sea posible la utilización de medios electrónicos”. 

“Se recibieron testimonios que aseguraban que, en ocasiones, se colocan esposas a los menores para realizar un registro con desnudo integral y que, en esos casos, dicho registro se realiza a la fuerza”, apunta el MNP. 

Sin servicio de atención jurídica en los CIE

Entre los 106 centros de privación de libertad visitados por el Defensor del Pueblo como MNP, además de los CMI, hay 16 centros penitenciarios, cuatro Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), cinco establecimientos dedicados a atender a personas con problemas de salud mental, 55 lugares de privación de libertad de corta duración, dos unidades de custodia hospitalaria y 14 operativos de repatriación de extranjeros. 

Respecto a los CIE, el informe destaca, por ejemplo, que solo los CIE de Barcelona, Madrid y Valencia tienen un servicio de atención jurídica. “La mayoría de personas no tiene ni idea de por qué está en un CIE, ni de qué ha pasado, ni de quién ha sido su abogado o abogada en el proceso del internamiento, ni de cómo recurrir la decisión, ni de si tiene derecho en su caso a pedir asilo. Por lo general, no se les informa de nada. A veces piden asilo y no se tramita, o se tramita pero se les expulsa antes de que haya una resolución”, apunta a Newtral.es Patricia Orejudo, abogada, profesora de Derecho Internacional Privado en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y miembro de la Comisión Cerremos los CIE del Ferrocarril Clandestino. 

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Orejudo señala que “en los CIE se interna a personas por infracciones de carácter administrativo”: “Es una medida desproporcionada para el objetivo que se quiere lograr, que es tener localizados a los extranjeros que tienen una orden de expulsión o un procedimiento abierto que va a derivar en una orden de expulsión. Hay otras formas de tener localizadas a estas personas sin que tengan que estar en centros privados de libertad simplemente porque les falta una autorización para entrar o permanecer en España de forma regular”. 

Menores y extranjeros enfermos en los CIE

Esta abogada y profesora denuncia que en los CIE “internan a menores, que por ley no deberían estar ahí”. Así lo señala también el Ministerio del Interior: “No podrá acordarse el ingreso de menores en los centros de internamiento. Los menores extranjeros no acompañados que se encuentren en España serán puestos a disposición de las entidades públicas de protección de menores”. El Defensor del Pueblo, solo en 2019, identificó a 54 menores extranjeros no acompañados en alguno de estos centros, y 88 en 2018. “Destacan a este respecto las cifras de los CIE de Algeciras, Barcelona y Murcia, con más de diez menores identificados cada uno”, apunta el informe del MNP. 

Pero Orejudo también señala que están internadas personas “con problemas graves de salud mental o de drogodependencia, a mujeres embarazadas… “. “Sobre el papel se tendría que internar a muchísima menos gente, pero se ha convertido en una maquinaria para castigar y atemorizar a las personas migrantes”, añade.

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Orejudo también critica la desatención sanitaria: “Hay embarazadas a las que internan que ya no pueden seguir con el seguimiento de su embarazo. O personas trans que no pueden llevar su medicación y, por tanto, su proceso de transición se ve interrumpido”. Y, también, otros derechos como el de la identidad: “Cuando ingresan en un CIE se les asigna un número, cosa que no ocurre en las prisiones. Y cuando les llaman por megafonía, en vez de llamarles por su nombre, les llaman por el número”.

Sobre esto, el informe del MNP señala que en el CIE de Barcelona se comprobó que en los libros de medidas coercitivas “se anotaban a los internos sometidos a ellas por su número de interno y no por su nombre y apellidos, como ordena el Reglamento de CIE”. “La práctica consistente en identificar o llamar por un número y no por su nombre y apellidos a los internos de los CIE debe erradicarse, en aras del respeto de la dignidad de los internos, en cuanto seres humanos”, añade el órgano. 

Otros derechos no garantizados en los CIE

Respecto al uso de la contención mecánica, que también se practica en estos centros, el MNP apunta que “debe aún mejorar tanto desde el punto de vista de su regulación normativa como desde el punto de vista de su implementación práctica”. 

El informe también señala que “la práctica de comunicaciones y visitas a personas internas sin que haya obstáculos que impidan el contacto entre el visitante y el visitado no está extendida en todos los CIE”, lo que supone “un menoscabo en sus derechos”, ya que son centros de internamiento, y no penitenciarios. 

Margarita Martínez, catedrática de Derecho Penal en la UCM e investigadora sobre los CIE y los derechos humanos, señala a Newtral.es que “la Dirección General de la Policía y el Ministerio del Interior deberían ser los primeros interesados en prevenir y sancionar malas prácticas por parte de los funcionarios que trabajan en los CIE”: “Pero lamentablemente no parece existir ningún interés en ello”.

Como ejemplo, Martínez cita la petición presentada en 2019 por 158 entidades sociales al ministro del Interior, Grande-Marlaska, solicitando el cese del director del CIE Aluche (Madrid): “Esta imputación venía avalada por numerosas resoluciones judiciales que ponían de manifiesto graves incumplimientos por parte del director como, por ejemplo, que los policías iban sin identificar o que no se tramitaban las solicitudes de asilo de los internos. Incluso dos autos judiciales dedujeron testimonio por posibles delitos de torturas en dicho CIE. A día de hoy ese escrito de petición ni siquiera ha sido contestado”. 

Esta catedrática cuestiona la legitimidad de la propia existencia de los CIE: “Los CIE son legales. En el marco de la Unión Europea, la Directiva de Retorno permite privar de libertad a las personas en situación irregular con vista a su expulsión hasta un año y medio. Es una locura. Los CIE son una herramienta más de una política migratoria que segrega, encierra y que ha convertido el Mediterráneo en el mayor cementerio del mundo, de una política por la que algún día habrá que pedir perdón”. 

Concentración frente al CIE de Aluche (Madrid) | Imagen: Flickr de Ahora Madrid

Xabier Gómez, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine, declara a Newtral.es que durante las visitas realizadas a los CIE por parte de esta organización, los internos y las internas refieren sufrir “comportamientos racistas en el trato y supuestos abusos de autoridad”. “También nos han relatado agresiones verbales, por parte de los funcionarios, con motivo de la orientación sexual de algunos internos”, añade Gómez.

En este sentido, la profesora de Filosofía del Derecho de la UC3M Silvina Ribotta señala que “un método de prevención de esta violencia sería la implementación de la videovigilancia”, algo el propio NMP en su informe califica como “un elemento esencial en la protección” de estas personas: “De manera reiterada, el MNP viene poniendo de manifiesto que la videovigilancia debería extenderse por todas las zonas de los centros con las únicas excepciones de las habitaciones y los aseos”, señala el documento. 

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Unidades de salud mental

El MNP ha realizado cinco visitas (dos unidades de agudo y tres centros de estancia prolongada) a centros de salud mental en los que se realizan internamientos no voluntarios por razón de trastorno psíquico. 

Uno de los problemas detectados aquí es que no existe un protocolo común en todo el territorio español: “Cada unidad de agudos y cada centro residencial suele disponer de protocolos de aplicación de contenciones mecánicas. No existen disposiciones que reúnan unos criterios mínimos comunes para regular su aplicación y, sobre todo, para el seguimiento y control de unas medidas que tienen un impacto tan alto sobre el individuo”, apunta el informe del Defensor del Pueblo. 

Carlos Aguilera, enfermero especialista en salud mental y miembro de la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental (AEESM), explica a Newtral.es que la falta de un protocolo unificado “impide velar correctamente por los derechos de las personas con problemas de salud mental”. “Depende de la buena voluntad de cada centro”, añade.

A veces, indica Aguilera, “aunque en el centro exista un protocolo, este no se cumple”: “Es decir, que si es obligatorio un registro de las contenciones mecánicas realizadas, así como la duración y el motivo de las mismas, no siempre están registradas”. Así, en su informe, el MNP concluye que “es habitual que ni las unidades de agudos ni los centros residenciales dispongan de sistemas de registro de medidas de contención”. 

Como miembro de la AEESM, este enfermero declara que desde la asociación promueven “un futuro sin contenciones”: “Nos guiamos por la evidencia en otros países y en España, donde hay centros que no practican contenciones en el ámbito de salud mental, sino que tienen técnicas de desescalada basadas en la intervención verbal o en la contención farmacológica consensuada el paciente”. 

Así, el Defensor del Pueblo a través del MNP establece que “las contenciones solo han de aplicarse cuando han fracasado otras medidas terapéuticas menos invasivas, por el tiempo estrictamente necesario y siempre de forma proporcional, garantizando el bienestar de la persona y con las precauciones necesarias para causarle el mínimo daño”: “El principio básico de actuación en materia de contenciones consiste en avanzar hacia la progresiva disminución e incluso eliminación de estas prácticas”, concluye. 

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