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- Existen graves deficiencias en el análisis de sus consecuencias, que podrían conllevar fuertes impactos socioambientales.
- En respuesta a las declaraciones de los Consejeros de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, y de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández Pacheco, sobre las supuestas garantías del vertido tóxico previsto para la reapertura de la Mina de los Frailes en Aznalcóllar, tenemos que advertir.
El Dictamen Ambiental firmado el pasado 27 de octubre de 2023 por técnicos de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Sevilla, incluye un informe de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de admisibilidad del vertido de más de 85.000 millones de litros de aguas contaminadas al Estuario del Guadalquivir, mediante una tubería de 30 kilómetros, desde el recinto minero hasta un punto de vertido frente al estadio de la Cartuja en Sevilla, en zona de dominio público marítimo terrestre.
A pesar del proceso de depuración, la carga contaminante máxima acumulada durante los más de 18 años que se propone autorizar, descargaría en el Estuario del Guadalquivir cantidades totales muy elevadas de metales y metaloides potencialmente tóxicos como arsénico (2.709,12 kg), cadmio (677,28 Kg), cobre (5.577,60 Kg), cromo (717,12 kg) mercurio (23,90 kg), níquel (5.577,60 Kg), plomo (796,80 kg), selenio (796,80 kg) y zinc (26.294,40 kg), entre otros contaminantes mineros.
En ese tramo del río, hasta la desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, se localizan las tomas de riego de las 36.000 hectáreas de arrozales y las zonas de cría de los alevines del caladero del Golfo de Cádiz, con lo que la contaminación por bioacumulación de metales pesados del pescado y mariscos capturados en esa zona podría ser significativa.
La empresa Minera Los Frailes no ha presentado estudio alguno sobre la acumulación y sedimentación de esos metales tóxicos en el lecho del Estuario. Además, la zona propuesta de vertido es la parte interior del Estuario del Guadalquivir, cuyos sedimentos ya se encuentran contaminados con metales con efectos eco-tóxicos, como demuestra una publicación científica reciente (1). Además, esta zona interna del Estuario se comporta como «fondo de saco» por lo que los contaminantes tienden a acumularse en sedimentos con fuerte adhesión al fondo, como también demuestran multitud de publicaciones científicas. Este efecto «fondo de saco», unido a la existencia del «tapón salino» aguas abajo y a la influencia mareal, hacen que el tiempo de residencia del agua en el Estuario sea superior a 100 días, lo que asegura un largo periodo de permanencia de los contaminantes en aguas y sedimentos del estuario. Todos estos aspectos de hidrodinámica y fisicoquímica del estuario han sido ignorados en el proyecto de vertido minero. Siguiendo el Principio de Prevención, base rectora de la legislación ambiental, no debe autorizarse este vertido minero ya que no se han estudiado y valorado adecuadamente sus posibles consecuencias en el Estuario del Guadalquivir y en sus diferentes usos, entre ellos portuario, agrícola y pesquero.
El contenido del Dictamen Ambiental y del Informe de Admisibilidad del vertido, no han sido nunca sometidos a información pública por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía.
(1) Sediment quality assessment in the Guadalquivir River (SW, Spain) using caged Asian clams: A biomarker field approach. Science of the Total Environment 650 (2019). Estefanía Bonnail, Inmaculada Riba, Alessandra Aloise de Seabra, T. Ángel DelValls
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