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- En el proceso han declarado como investigados el alcalde de Oencia, Arsenio Pombo Ovide, y el propietario de Pizarras Compex.
- Se han constatado los daños ecológicos sobre el LIC Riberas del río Sil, colmatando varios kilómetros de cauce con residuos mineros.
- Ecologistas en Acción alerta de que el Poltrón no es una excepción y cita otros ejemplos, como la pizarrera Nano, que acumula más de 12 expedientes sancionadores de la Confederación Hidrográfica por vertido de residuos y otras infracciones.
Una explotación de pizarra en Valdeorras, cerca del Bierzo. Miguel Núñez.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Ponferrada ha concluído este mes de enero las diligencias abiertas en 2022 contra el alcalde de Oencia, Arsenio Pombo Ovide, y contra el empresario que está detrás de la polémica cantera de pizarra El Poltrón, en el monte vecinal de Gestoso. El siguiente paso será la apertura de la fase de juicio oral por delito continuado contra el medio ambiente, delito de prevaricación urbanística y delito contra las instituciones del Estado.
En el proceso judicial se ha constatado, tanto con el informe del equipo especializado del SEPRONA como con diversos informes proporcionados por la Confederación Hidrográfica y la Junta de Castilla y León, que los residuos mineros han colmatado varios kilómetros de cauce. La actividad de la pizarrera continúa ocasionando una afección significativa al espacio de Red Natura 2000 Riberas del río Sil, debido al desplazamiento de los residuos colmatados por el desarrollo de actividad minera.
Además, la explotación se encuentra a tan solo 500 metros del Lugar de Importancia Comunitaria Os Ancares-Courel, ya en Galicia, y con la consideración de Zona de Especial Protección para el oso pardo.
A pesar de numerosas denuncias de colectivos vecinales y ecologistas, la explotación de pizarra de Compex opera desde 2006 sin proyecto de restauración, sin licencia de actividad y de obras, sin concesión de aprovechamiento de agua ni autorización de vertidos. Durante más de 15 años ha funcionado sin Autorización de Licencia Ambiental de ningún tipo, sin que el ayuntamiento paralizase su actividad a pesar de las numerosas denuncias.
Como consecuencia de la falta de control, la explotación ha ocupado completamente las cabeceras del río Gestoso y del rego Caborco de Mazales, y sus residuos han alterado la red hidrológica superficial, llevando a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil a incoar varios expedientes sancionadores. También el Servicio de Industria de la Junta de Castilla y León inició expediente sancionador por una infracción grave derivada de la falta de mantenimiento y conservación de la explotación.
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