La paradoja de Ospina: líder en “gobierno abierto” y criticado por poca transparencia

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Jorge Iván Ospina es uno de los alcaldes mejor calificados en el Índice de transparencia de Función Pública que refleja el desempeño municipal en la lucha contra la corrupción. Además, Cali es ejemplo de cumplimiento de los otros requisitos que exigen la Ley de Transparencia y el Estatuto Anticorrupción. Sin embargo, no hay ningún alcalde que tenga tantos comités buscando su revocatoria alegando, entre otras cosas, la falta de transparencia de su gobierno.

El caso de Cali plantea la paradoja del gobierno abierto, un objetivo que lleva años impulsando el movimiento por la transparencia pero que —como queda claro con Ospina— en la práctica se queda corto.

“El gobierno abierto se ha adoptado más desde la fachada, lo formal, pues en Colombia el poder se ejerce desde el secreto, desde la opacidad, es un tema cultural fuerte”, dice Marcela Restrepo, presidenta ejecutiva de Foro Nacional por Colombia. 

Para ella el gobierno abierto no implica solo reportar en las páginas web de las entidades del Estado la gestión de los recursos públicos, ni tampoco contar con una página de datos abiertos. “Eso es solo un tema de fachada. El gobierno abierto implica mostrar una forma diferente de ejercer el poder”, agrega.  

Y eso, no ha sucedido todavía en Cali.

El gobierno abierto

La idea del Gobierno Abierto surgió en 2012 cuando Colombia se unió a la Alianza de Gobierno Abierto, una red de estados en pro de gobiernos más transparentes, fundamentada en la idea del gobierno abierto de Barack Obama, presidente en ese entonces de Estados Unidos. 

Desde entonces, se ha ido concretando en leyes que obligan a los funcionarios a publicar su gestión y destinación de recursos en sus páginas web y en plataformas de datos abiertos (Transparencia activa); también a responder a solicitudes de información por parte de la ciudadanía, como los derechos de petición (Transparencia pasiva); y los informes de rendición de cuentas. 

La alcaldía de Cali cumple con todos estos estándares. Y el actual presupuesto de Cali destina más de 628 mil millones de pesos a programas de gobierno abierto, una iniciativa que viene desde el gobierno anterior. 

Cuando era alcalde, Maurice Armitage reestructuró en 2016 la alcaldía: creó una Oficina Asesora de Transparencia, y un departamento administrativo de contratación pública con aras de darle mayor transparencia a la gestión del alcalde. 

Estas dos oficinas han impulsado políticas para promover un mayor uso de la plataforma del Secop —donde los entes territoriales deben publicar los procesos de contratación—; un tablero de datos interactivo de los planes anuales de adquisición de la alcaldía; y otros esfuerzos por consolidar un conjunto de datos abiertos, como la página de datos de la alcaldía.  

“La oficina de transparencia permite agilizar los procesos de gobierno abierto y transparencia, pues centraliza esa función en una sola entidad”, dice Yeison Sosa, veedor caleño que trabaja por la transparencia. 

Para Sosa, gracias a la existencia de estas oficinas es que la Alcaldía de Cali ha logrado hacer buen uso de las plataformas de contratación pública. 

Para la vigencia de 2020, la alcaldía de Cali publicó casi 57 mil contratos, cifra superior a la media (35 mil contratos) para los municipios clasificados por el Departamento Nacional de Planeación como tipo “A”, categoría de la cual hace parte Cali. 

Según Lina Orozco, caleña experta en contratación, la alcaldía ha logrado una adopción significativa del Secop II, la nueva plataforma de contratación pública de Colombia Compra Eficiente, a la que las entidades territoriales deben migrar todo su proceso de contratación. De momento, la cifra de adopción de la nueva plataforma se encuentra en 40 por ciento para el 2020. 

Además, Cali tiene el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Paac), que exige a los municipios diseñar un mapa de riesgos de corrupción, formular estrategias para responder a los riesgos, y hacer una rendición de cuentas anual.  

La alcaldía de Ospina cuenta con un comité de rendición de cuentas, y en diciembre contó a los ciudadanos sus logros de gestión. 

“Se ha hecho un esfuerzo en condiciones atípicas para desarrollar la rendición de cuentas, pues el mismo plan de desarrollo intenta fortalecer esos canales digitales para que la ciudadanía fortalezca ese ejercicio ahora con el covid” dice Sosa. 

Otro éxito en transparencia es el aumento de los índices de gestión pública, que son publicados por Función Pública, y que miden el desempeño en gestión documental, transparencia, destinación de recursos y otros aspectos para un ente territorial. 

Según el último reporte de esa entidad, para el Índice de Desempeño Institucional (IDI) de 2020 —que evalúa la gestión pública y la toma de decisiones en el uso de los recursos de los municipios—, Cali subió 6.9 puntos, llegando a 87.6 sobre 100. Y un indicador de transparencia del 84,5 por ciento, índice medido por Función Pública que refleja el desempeño municipal en la lucha contra la corrupción,

Sin embargo, aún sobresaliendo en el cumplimiento de estos indicadores, hay múltiples alarmas sobre la verdadera transparencia en la gestión de la alcaldía de Jorge Iván Ospina.

Lo que alarma

Las alarmas se prenden por el manejo de la contratación y la falta de claridad en la asignación de recursos. 

Por ejemplo: el crédito de endeudamiento de 650 mil millones de pesos que pidió al concejo municipal en octubre, y que hasta hace un mes no había dicho en qué lo utilizaría. También que haya contratado con varios financiadores de su campaña, como contamos.

“La falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos de la administración de Ospina, es una de las razones para su revocatoria”, argumenta Cristóbal Navia, vocero del comité de revocatoria SOS Cali Revocatoria Ya.  

Junto con los comités Decide y Todos por Cali, han logrado recolectar 11 mil de las 180 mil firmas que se necesitan para la revocatoria de Jorge Iván Ospina.

“El excesivo uso de la contratación directa y los convenios interadministrativos, que evaden las reglas de contratación pública, cuestiona su gestión”, dice Navia. 

En lo que va de 2021, la alcaldía de Cali ha contratado 323 mil millones de pesos por contratación directa, lo que representa el 68.7 por ciento de la contratación total de la alcaldía a mayo 26 de 2021. 

El año pasado, fueron en total 622 mil millones en esta modalidad de contratación, el 65 por ciento de los recursos contratados para esa vigencia. Significó un aumento del 114.8 por ciento respecto de la contratación directa en 2019. 

Dada la coyuntura de la pandemia, los alcaldes de todo el país han recurrido a la contratación directa para responder a la emergencia de manera inmediata. Sin embargo, esta modalidad abre la puerta para que los mandatarios puedan contratar sin cumplir requisitos como el pliego de condiciones o el estudio de oferentes previo a la adjudicación de los contratos. 

La otra modalidad que prende las alarmas son los convenios interadministrativos, por los cuales en la primera administración de Jorge Iván (2008-2011) le abrieron varios procesos disciplinarios, e incluso penales. El caso más relevante es un proceso penal que se le adelanta por celebrar varios convenios interadministrativos para la remodelación del estadio Pascual Guerrero. 

Si bien los convenios interadministrativos son una modalidad de contratación legal, dado que se suscriben entre la alcaldía con alguna entidad descentralizada, o incluso entidades de régimen mixto, no tienen que cumplir las reglas de contratación pública de la Ley 80

Además, si bien el contrato interadministrativo se publica en el Secop, la entidad subcontratante no tiene que publicar los que haga con los proveedores con lo cual —como dice Lina Orozco— “impide al ciudadano trazar fácilmente los recursos para un contrato”.

Un ejemplo claro en la administración actual de Ospina es el contrato interadministrativo para la Feria de Cali Virtual. En esa contratación —que despertó polémica por su alto costo en plena pandemia (12 mil millones)— la Secretaría de Cultura subcontrató con Corfecali para la realización del evento. 

Corfecali, a su vez, se encargó de contratar directamente a los proveedores de todos los eventos. Y esa información no está en el Secop.

La Contraloría General de Santiago de Cali auditó el contrato y halló un detrimento patrimonial por 5.282 millones de pesos. 

Para Orozco, algunos convenios interadministrativos de la alcaldía son también atípicos porque les quitaron la auditoría que tenía en el pasado, como el que se firmó con las Empresas Municipales de Cali (Emcali) y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) para el alumbrado navideño móvil. 

“A esta alcaldía le ha faltado mucho en su estrategia de comunicación y de apertura de esos datos”, argumenta Orozco. 

Esta falta de confianza en la transparencia de la actual Alcaldía se ha intensificado a raíz de la declaratoria de la nueva urgencia manifiesta que rige en Cali desde el 4 de mayo, y que busca atender la actual crisis que vive la ciudad tras las alteraciones de orden público por el paro nacional. 

“Tristemente nos daremos cuenta de qué pasó con esta urgencia, cuando los contratos estén adjudicados y subidos al Secop. Es un problema del mismo sistema de gobierno que cuando el daño ya está hecho, nos venimos a dar cuenta”, dice Juan Martín Bravo, concejal del Partido Conservador.  En particular, le preocupa la reconstrucción del sistema de transporte MIO, que sufrió daños en más del 90 por ciento de su sistema tras el paro y para cuya reconstrucción la alcaldía destinará 30 mil millones de pesos. 

Los veedores ya están con los ojos puestos encima de los contratos que haga Ospina con ese dinero utilizando las herramientas de gobierno abierto. El problema es que ya saben que abierto no necesariamente significa transparente.

Silla Nacional
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