Los concursos de acreedores aumentaron un 19,8% en España entre 2021 y 2022 hasta alcanzar los 14.424 procedimientos judiciales, según los datos provisionales del Colegio de Registradores. La subida se concentró especialmente en los concursos de acreedores de personas físicas, que subieron un 32,6% respecto a 2021, mientras que los de empresas apenas crecieron un 0,25%.
Los expertos consultados apuntan a que este incremento se debe en gran medida a los cambios introducidos por la reforma de la Ley Concursal, que entró en vigor el pasado septiembre. La modificación de la norma facilita y agiliza la tramitación de los concursos de acreedores, ya que las empresas y personas físicas que lo solicitan no necesitan pasar por la fase preconcursal –que implica nombrar un mediador concursal– para solicitar el perdón de su deuda.
“La mayoría de los concursantes son personas físicas sobreendeudadas, normalmente sin actividad comercial o empresarial, que han dejado de tener un nivel económico que les permite pagar sus deudas. La reforma concursal les permite acogerse a un procedimiento fácil y rápido para quedar exonerados de ellas”, afirma José María Puelles, abogado colegiado en Cádiz y en Madrid y experto en Derecho Concursal.
La agilización del proceso ha propiciado que el número de concursos voluntarios de acreedores –aquellos que son instados por el deudor– aumente un 44,9% entre 2021 y 2022, pasando de 6.115 a 8.861, mientras que los concursos consecutivos y necesarios cayeron un 6,4% y un 28,1%, respectivamente.
Estabilidad en los concursos de acreedores de empresas
La importante subida en los concursos de acreedores de personas físicas contrasta con la estabilidad en el número de concursos de empresas, que apenas crecieron un 0,25% interanual, según los datos provisionales del Colegio de Registradores.
Esta evolución tiene que ver con la introducción de los planes de reestructuración con la reforma concursal, un mecanismo que permite tomar medidas ante las dificultades financieras “sin el estigma asociado al concurso” y “con mayores probabilidades de éxito”, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE).
No obstante, el director del Centro de Procesos Estadísticos en el Colegio de Registradores, José Meléndez Pineda, alerta de que la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, que se prolongó entre el 24 de enero y el 28 de marzo, ha podido provocar retrasos en la admisión a trámite de concursos de algunas sociedades, por lo que espera un aumento en su cifra cuando se conozcan los datos definitivos de concursos del año 2022.
Por su parte, Puelles recuerda que los concursos de acreedores de empresas se encuentran “más parados” que los de personas físicas porque, entre otras razones, “la web para solicitar el procedimiento especial de microempresas (introducido por la reforma concursal) sigue sin funcionar”, además de que “muchas empresas tienen la esperanza de que la llegada de los fondos europeos permita rehabilitar la situación económica”.
Asimismo, Puelles considera que los cambios legislativos en la gestión de los avales ICO en las reestructuraciones “han podido llevar a muchas empresas a retraerse de los procesos de reestructuración y concursales”. El ICO presentó a principios de marzo una nota aclaratoria a la banca privada en la que aceptaba “de forma indirecta que se produzcan pérdidas sobre préstamos con garantías”, según recoge EFE, matizando la disposición adicional octava aprobada en diciembre.
El comercio, el sector más afectado por los concursos
El presidente de Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, cree que la subida en el número de concursos de acreedores de personas físicas también se debe a que “muchos autónomos, especialmente en el sector servicios, se encuentran en una situación límite ante la subida del IPC y el encarecimiento de la energía”. Además, considera que “la administración debe hacer un esfuerzo” para que más autónomos conozcan la reforma concursal y para garantizar que los procedimientos sean “gratuitos, fáciles y rápidos”.
Los datos provisionales del Colegio de Registradores del año 2022 sitúan al comercio como la actividad económica principal de las empresas concursadas, con 1.101 casos, seguido de las actividades profesionales (790), la construcción (759) y la industria y la energía (624). “El sector más afectado es el comercio. Son los que más han sufrido en los últimos años, desde la covid hasta el resto de crisis que han llegado”, asegura Abad, que afirma que “el mercado del consumo está cada vez más en manos de las grandes distribuidoras, y los pequeños negocios cada vez tienen menos margen de maniobra”.
Las comunidades donde más crecen los concursos
Por otro lado, Cataluña fue la comunidad autónoma con un mayor número de deudores concursados en 2022, con 3.550, seguida de Madrid (2.164) y la Comunidad Valenciana (1.638). Entre las tres regiones concentraron el 58,2% del total de los concursos de acreedores.
En cambio, Cantabria se erigió como la autonomía donde más se incrementaron los concursos de acreedores entre 2022 y 2021, con un 97% más. Tras ella se situaron la Región de Murcia, con una subida del 68,3%, y Extremadura, con un alza del 58,5%. En el extremo opuesto, cinco comunidades vieron reducidas sus cifras de deudores concursados. Fue el caso de Baleares, País Vasco, Canarias, Cataluña y Navarra.
Fuentes
Colegio de Registradores
Instituto Nacional de Estadística (INE)
José María Puelles, abogado y experto en Derecho Concursal
Boletín Oficial del Estado (BOE)
José Meléndez Pineda, director del Centro de Procesos Estadísticos en el Colegio de Registradores
Agencia EFE
Eduardo Abad, presidente de Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA)
