La ONG Médicos del Mundo ha publicado un informe, cofinanciado por la secretaría de Estado para la Agencia 2030, con entrevistas a más de 70.000 personas en situación de vulnerabilidad durante 8 meses (entre el 15 de marzo y el 15 de noviembre de 2022) y con las que han identificado más de 12.000 casos de barreras de acceso a la sanidad pública que han tenido que afrontar estas personas.
“Se ha hecho un esfuerzo por documentar todos los casos que han llegado a nuestras sedes, y este informe confirma una realidad innegable que tiene una importante dimensión: miles de personas no pueden acceder en igualdad a una atención sanitaria”, explica a Newtral.es Pablo Iglesias, técnico de Incidencia Política de Médicos del Mundo.
Las barreras de acceso a la sanidad pública van en contra de los propios derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 reconoce en su artículo 25 que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure asistencia médica y los servicios sociales necesarios.
Además, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas de 1966 reconoce el derecho de toda persona a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental y establece una serie de medidas que los estados deben adoptar para garantizarlo.
En cuanto a España, relata el informe, se han documentado barreras de acceso a la sanidad pública en 14 comunidades autónomas, que son: Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, País Vasco, Principado de Asturias, y también en la Ciudad Autónoma de Melilla.
Los diferentes tipos de barreras de acceso a la sanidad pública que se han encontrado estas personas pueden dividirse en cinco grandes grupos: barreras discriminatorias, físicas, económicas, informativas y culturales.
“La exclusión sanitaria en España es una realidad, pero tememos incluso que sea mayor de lo que hemos documentado”, asevera Iglesias.
Las barreras administrativas de acceso a la sanidad pública
El informe ha detectado en España 7.075 casos de barreras administrativas a las que se han enfrentado diferentes personas en situación de vulnerabilidad.
Este tipo de barreras de acceso a la sanidad pública suponen requisitos legales o administrativos que dificultan el acceso al sistema sanitario, y que normalmente afectan en su inmensa mayoría a determinados colectivos de personas, como los migrantes.
Según el Real Decreto-Ley 7/2018 sobre acceso universal al Sistema Nacional de Salud, se reconoce el derecho a la atención sanitaria de las personas migrantes en situación administrativa irregular pero en la mayoría de las comunidades está sujeto a una serie de requisitos administrativos que, en muchas ocasiones, es complejo de cumplir para este colectivo, según el informe, y que suponen al final barreras de acceso a la sanidad pública.
Uno de estos requisitos es la exigencia de llevar tres meses viviendo en España. Esto es así, según ‘Médicos del Mundo’, porque se parte de la presunción de que toda persona que lleve menos de tres meses en España es una turista, y así se evita el llamado ‘turismo sanitario’.
Sin embargo, el informe denuncia que este requisito de temporalidad no aporta mayor protección frente a abusos, sino que desprotege a las personas en situación de mayor vulnerabilidad.
Concretamente, Médicos del Mundo ha acreditado al menos 1.415 casos documentados de este tipo de barrera de acceso a la sanidad pública. “Desde nuestro punto de vista esto supone una mala praxis”, según Iglesias. “Hay personas que no pueden demostrar esos 3 meses, y cuando acuden a la administración para que intervenga, está colapsada y no reciben la atención necesaria”, prodigue.
Estas situaciones incluyen tanto los casos de personas que todavía no llevaban en España 90 días, como los de aquellas personas que, aun cumpliéndolos, no tienen medios para demostrar esta estancia.
Los impedimentos para acceder a la sanidad de personas solicitantes de asilo
Otro colectivo especialmente vulnerable y que encuentra dificultades para acceder a la sanidad pública son aquellas personas solicitantes de asilo en España.
Las personas solicitantes de asilo son consideradas un colectivo especialmente vulnerable y al que se reconoce el derecho a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos, según recoge el Real Decreto 1192/2012 en su Disposición adicional cuarta.
Sin embargo, en la práctica no siempre ocurre así, denuncia el informe. Según Médicos del Mundo, el sistema de asilo español lleva meses de retraso para tramitar las solicitudes, de modo que muchas personas no ven reconocido su derecho de solicitante de asilo. Todo ello provoca que no puedan tampoco ejercer el derecho a la atención sanitaria, siendo víctimas de nuevas barreras de acceso a la sanidad pública.
Pero no solo eso, sino que aún teniendo la condición de solicitante de asilo, en muchos centros sanitarios se les pide otros requisitos como estar empadronados o acreditar al menos 3 meses de residencia en España, según ha podido acreditar la ONG en su informe.
Dicho esto, una vez cumplidos los requisitos, se producen incluso retrasos a la hora de expedir de forma efectiva la tarjeta sanitaria por culpa del proceso de comprobación que pone en marcha la administración. Este proceso, según el informe, dilata aún más el periodo de espera hasta que una persona tenga acceso a la sanidad pública. Sólo en el periodo que abarca este informe se comprobó esta situación en al menos 222 casos.
Copago farmacéutico: personas vulnerables que no pueden pagarse un tratamiento
Otro epígrafe importante del informe son las barreras económicas. Afectan a aquellas personas que se encuentran en situaciones en las que no han podido acceder a la atención sanitaria o que el tratamiento que necesitan conlleva un gasto económico en medicamentos que no pueden asumir. En el periodo que abarca el informe se han documentado 1.417 casos de esta tipología.
Las personas extranjeras sin autorización de residencia (en situación irregular) que consiguen acreditar los meses de residencia y, por lo tanto, se les reconoce su derecho a la sanidad se pueden encontrar después con problemas económicos para poder tratarse adecuadamente.
Al contrario que el acceso a la atención sanitaria, el acceso a medicamentos en el sistema de salud se rige por el copago, de modo que muchas de estas personas se encuentran con que tienen que aportar un 40% del coste de los medicamentos, sin que se contemple ningún tipo de compensación en función de la vulnerabilidad económica, según detalla el informe.
“Esto es una situación de discrminación respecto a las personas nacionales o migrantes en situación regular”, denuncia Iglesias.
La falta de información y las barreras del idioma para acceder a la sanidad pública
El informe también detalla las llamadas barreras informativas. Son aquellas situaciones en las que desde el sistema sanitario no se proporciona a las personas, especialmente migrantes y que además tienen problemas con el idioma, información necesaria y fácil de comprender que les permita acceder a la atención sanitaria. La ONG ha documentado al menos 2.024 casos de este tipo.
Las personas migrantes acuden directamente al mostrador de recepción de los centros de salud y de los hospitales como principal punto de información para poder acceder al sistema sanitario.
Sin embargo, el informe relata que muchas personas viven esta situación como un escollo por la falta de información que reciben y porque no consiguen entenderla educadamente. Concretamente, ‘Médicos del Mundo’ ha documentado 545 casos de falta de información y 1.479 casos de problemas de entendimiento con el idioma, especialmente de personas provenientes de África.
Por ese motivo, la ONG pide expresamente a las comunidades que los distintos centros sanitarios cuenten con servicios de traducción e interpretación para facilitar el acceso a la información de forma comprensible.
“En la mayoría de los casos, nosotros hacemos un acompañamiento y vamos con esa persona al centro de salud. De hecho, las comunidades tienen un sistema de traducción telemática pero solo funciona con cita previa y cuando las personas migrantes van a los centros, lo hacen sin cita porque no saben ni cómo pedirla”, relata Iglesias.
Por último, las conclusiones del informe son que las personas migrantes, y particularmente aquellas en situación irregular, “son precisamente las que más dificultades tienen para poder acceder al sistema sanitario”. Es decir, prosigue el informe, “cuya salud corre mayor riesgo de verse deteriorada como consecuencia de las condiciones sociales en las que viven y a las que se suma no poder acceder al sistema sanitario”.
