Preguntas y respuestas: qué es la plusvalía municipal y cómo afecta su anulación a las arcas de los ayuntamientos

1 month ago 21

qué es plusvalía municipal

El Tribunal Constitucional hizo pública este martes una decisión por la cual declaraba nulos e inconstitucionales tres artículos de la Ley reguladora de las haciendas locales que afectan al cálculo de la base imponible del impuesto municipal de plusvalía. En concreto, cuestiona que este tipo asuma que el suelo urbano siempre se revaloriza

El pleno del alto tribunal informó en un comunicado del sentido de un fallo que se notificará “en los próximos días” y sobre el que ya se había pronunciado en contra en dos ocasiones anteriores, en 2017 y en 2019.

Analizamos en preguntas y respuestas qué impacto tiene esta decisión en las cuentas municipales. 

¿Qué es el impuesto de plusvalía municipal?

Su nombre exacto es Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y su acrónimo es IIVTNU, pero es conocido comúnmente como el impuesto de plusvalía municipal. Se trata de un impuesto directo que grava el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana y que gestionan los ayuntamientos. 

Según explica a Newtral.es Teresa Pontón Aricha, doctora en Derecho financiero y Tributario de la Universidad de Cádiz, se trata de un impuesto de exención voluntaria o potestativo para los ayuntamientos; es decir, no es obligatorio como puede ser el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Eso sí, “prácticamente todos lo cobran”, acota Pontón.

¿Cómo se calcula el IIVTNU y quién lo paga?

Los elementos para determinar el importe del tributo son el valor del terreno, que según la ley corresponde al valor catastral de los bienes inmuebles y los fija el catastro, y el porcentaje de incremento, que se calcula multiplicando el número de años enteros desde la transmisión más reciente por un coeficiente que estipula cada ayuntamiento.

 Este tipo impositivo, por lo tanto, está sujeto a cada ordenanza fiscal municipal, pero sí tiene un tope por ley del 30%. 

El pago del impuesto depende de la operación:

En una venta, el vendedor es quien lo paga, y deberá hacerlo en el plazo de 30 días hábiles.En una donación, será la persona que recibe la vivienda la que se encargue de la plusvalía municipal, también en 30 días.En una herencia, corresponderá a los herederos y el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año, a solicitud del sujeto pasivo. 

¿Qué argumento da el Constitucional para anular el impuesto?

En concreto, los artículos que el Tribunal Constitucional declara nulos e inconstitucionales definen la base imponible del impuesto y son los siguientes: 107.1 segundo párrafo, el 107.2.a) y el 107.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

El Constitucional, a falta de conocer la totalidad del fallo, considera que los artículos mencionados establecen “un método objetivo de determinación de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que determina que siempre haya existido un aumento en el valor de los terrenos durante el periodo de la imposición, con independencia de que haya existido ese incremento y de la cuantía real de ese incremento”. 

La clave, señala la profesora Pontón, es “gravar la renta real. Ahora mismo hay un sistema con una renta ficticia que establece la ley, una plusvalía automática con un porcentaje que se aplica y punto. Y el mercado a día de hoy tiene otra tendencia”. Por lo tanto, se han estado gravando rentas negativas, lo que da pie a posibles recursos. 

¿Qué impacto puede tener para los Ayuntamientos?

La liquidación de los presupuestos que publica el Ministerio de Hacienda recoge los datos de recaudación que le envían las entidades locales. Pero según explica Pontón, dentro de lo desglosado de estos datos, es habitual que el impuesto de plusvalías represente la segunda fuente de ingresos de los ayuntamientos a nivel tributario. 

“Desde que el primer fallo del Constitucional contrario a este impuesto (de 2017), los ayuntamientos están esperando una nueva ley, que está en un borrador”, puntualiza. En este momento, varios consistorios preparan sus cuentas, en las que probablemente cuenten con determinados ingresos por la plusvalía. 

Independientemente de lo que pase con las respectivas cuentas públicas municipales, a lo que se exponen los ayuntamientos también es a tener que asumir el pago de las reclamaciones que puedan surgir por haber liquidado un impuesto cuyo cálculo ha sido declarado como inconstitucional. Al no conocerse aún la letra pequeña de la sentencia del Constitucional, tampoco se sabe desde qué ejercicio podrían empezar a tramitarse impugnaciones, si desde la sentencia de 2017 o desde que entre en vigor la más reciente. 

¿Hay que pagar la plusvalía municipal entonces?

Si alguien fuese a cerrar la compra, donación o herencia de un bien inmueble, podría exponerse a una situación por la cual el ayuntamiento puede o no exigirle el pago del  IIVTNU. El ciudadano debe ser consciente de que se enfrenta a una liquidación basada en una norma que va a ser anulada y, según Pontón, no es algo nuevo. Ya desde 2018 hay muchas causas pendientes de personas que por la nulidad pedía la devolución de los ingresos indebidos, añade.

¿Qué decían las resoluciones anteriores del Constitucional sobre la plusvalía municipal?

La primera vez, en 2017, el órgano declaró inconstitucionales varios artículos de la norma foral sobre el impuesto de plusvalía en Guipúzkoa al considerar que, en un contexto de crisis, cabía la posibilidad de que una venta se realizara con pérdidas y se lesionara el principio de capacidad económica. Así, admitía una cuestión de inconstitucionalidad del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de San Sebastián.

En 2019, el Constitucional declaró nulo el pago del impuesto cuando la cuota superara la ganancia obtenida por el contribuyente en la venta del inmueble, de manera que estimó la cuestión elevada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 32 de Madrid.

Por otro lado, un Informe de la Comisión de Expertos para la Revisión del Modelo de Financiación Local encargado por el Consejo de Ministros del 10 de febrero de 2017 ya advertía tras el primer fallo de 2017 de que para evitar una “merma recaudatoria” habría que imponer “un recargo o participación en aquellos tributos que gravan las plusvalías en los bienes inmuebles o las transmisiones inmobiliarias”, con los que además, guarda una relación de “plurimposición”. 

¿Cuál es la respuesta de Hacienda?

El Ministerio de Hacienda y Función Pública reaccionó al anuncio del fallo del Constitucional con un comunicado el martes en el que expresaba que “ultima un borrador legal que garantizará la constitucionalidad del tributo, ofrecerá seguridad jurídica a los contribuyentes y certidumbre a los ayuntamientos”. 

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, puso el martes la pelota en el campo del Estado, que a su juicio estaría “obligado a compensar a los ayuntamientos por la pérdida de ingresos”. Por su parte, el madrileño, José Luis Martínez-Almeida, pidió una “solución inmediata”.

¿Qué dice la Federación Española de Municipios y Provincias?

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero, reaccionó con prudencia a la nota del Constitucional: “Debemos esperar a conocer la exactitud de la decisión del alto tribunal. De confirmarse la primera interpretación se plantearía una nueva norma que permita restablecer el impuesto con ‘justicia de recaudación’”.

Como recogió la FEMP en un comunicado, la intención de Caballero en tal caso es convocar una Junta Extraordinaria entre los alcaldes y abrir un canal de comunicación con la ministra de Hacienda para “interpretar la sentencia conjuntamente” y pedirle al Gobierno que se analice en un clima de consenso la posible solución”. 

Fuentes

Nota informativa de adelanto del fallo del Tribunal ConstitucionalNota de prensa de la Federación Española de Municipios y ProvinciasEstadísticas de recaudación del sistema tributario español de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda y Función Pública.Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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