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- El Observatorio Ibérico de la Minería, del que forma parte Ecologistas en Acción, ha documentado más de medio millar de infracciones, la mayoría asociadas a impactos ambientales o a autorizaciones ilegales. Andalucía y Galicia son los territorios con más casos, con 24 y 21 respectivamente.
- Estos casos se detallarán en el primer encuentro ibérico sobre los impactos sociales y ambientales de la minería, que se celebrará del 12 al 15 de octubre, organizado por Ecologistas en Acción y el Observatorio Ibérico de la Minería.
El Observatorio Ibérico de la Minería y Ecologistas en Acción organizan el primer encuentro ibérico sobre los impactos sociales y ambientales de la minería. Se trata de la primera edición de este espacio de reflexión, aprendizaje y convivencia en el participarán medio centenar de representantes de distintos movimientos, plataformas y colectivos implicados en la resistencia a proyectos mineros de España y Portugal.
Extremadura ha sido la comunidad escogida para celebrar este primer encuentro por la avalancha de nuevos proyectos mineros que afectan a este territorio, que incluyen las minas de litio de Cáceres y Cañaveral, la mina de níquel de Aguablanca o la mina de cobre y oro de Alconchel
El Observatorio Ibérico de la Minería (MINOB) se lanzó hace un año para documentar las vulneraciones de derechos sociales y medioambientales causados por la industria extractiva en toda la geografía peninsular, haciendo públicas las evidencias existentes sobre cada caso. Fruto del trabajo de investigación colaborativo de decenas de colectivos, entre los que se incluye Ecologistas en Acción, esta semana se han presentado más de 100 casos georreferenciados que desvelan la magnitud del problema.
El observatorio expone todo tipo de situaciones, desde ataques, amenazas o pleitos intimidatorios contra activistas hasta explotaciones clandestinas que operan sin permisos o sin haberse sometido a una evaluación de impacto ambiental. También se documentan infracciones de derechos laborales, como malas condiciones de trabajo o obstáculos a la actividad sindical. Muchas de estas minas se encuentran en espacios protegidos o en las proximidades de poblaciones, en las que provocan problemas de salud e impactos ambientales por emisiones de polvo o contaminación de las aguas.
La mayoría de los casos incluídos son de Andalucía, con 24 explotaciones, y Galicia, con 21, pero Joám Evans, coordinador del observatorio, advierte que “esto es solo la punta del iceberg”, ya que cuentan con una lista de 400 casos pendientes de documentar y en los últimos meses se han unido entidades de territorios en los que hasta ahora no se estaban investigando. “Es sorprendente encontrarse con tantas explotaciones ilegales, cuando tanto desde el sector como desde las administraciones se insiste tanto en el mito de la minería responsable y sostenible”, remarca Evans.
El portal ha documentado más de 400 infracciones ambientales, que incluyen vertidos, contaminación por polvo o afectación a bienes culturales, y casi 300 infracciones relacionadas con la falta de autorizaciones o permisos ilegales, falta de restauración o avales financieros y corrupción administrativa. Desde el observatorio concluyen que detrás de estas malas prácticas está la falta de control por las administraciones que genera un ambiente de impunidad generalizado.
El Observatorio Ibérico de la Minería es una iniciativa de ciudadanía ambiental en la que participan una treintena de colectivos con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. A principios de año fue distinguido con un premio de la Universidad de las Naciones Unidas por su metodología participativa. El portal cuenta con un sistema de monitoreo y alerta temprana para detectar, mapear y denunciar vulneraciones y malas prácticas, facilitando así el ejercicio y la defensa de los derechos ambientales y a mitigar las asimetrías existentes entre las comunidades afectadas y el sector extractivo.
Con estos mecanismos, el proyecto pretende contribuir a las funciones de inspección y control de las administraciones públicas, así como a un mejor conocimiento sobre los impactos causados por la minería por parte de las instituciones, los medios de comunicación, los movimientos sociales y las comunidades locales afectadas.
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