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En marzo de 1996, tras ganar las elecciones, José María Aznar (PP), no tenía la mayoría suficiente para ser investido como presidente del Gobierno. A continuación se inciaron negociaciones con Convergencia i Unió (CIU), una federación de partidos conservadores nacionalistas catalanes encabezada por Jordi Pujol para investir a Aznar como presidente.
El pacto incluyó la cesión de competencias a Cataluña en materia de tráfico o laboral, pero también incluyó cambios a nivel nacional como un nuevo modelo de financiación autonómica y la profesionalización del Ejército, con la cual se terminaría eliminando la 'mili'. El acuerdo se selló en abril y Aznar fue investido presidente en mayo de 1996.
Aznar ganó las elecciones de marzo de 1996, pero al no contar la mayoría para ser investido, inició negociaciones con Convergencia i Unión (CIU)
El PP ganó las elecciones generales de marzo de 1996, pero José María Aznar no contaba con la mayoría necesaria para ser investido como presidente del Gobierno. El PP inició así negociaciones con los nacionalistas catalanes de Convergencia i Unió (CIU). CIU fue una federación de partidos (CDC y UDC) que se disolvió en 2015. De entre sus sucesores surgió Junts per Catalunya.
El 11 de marzo de 1996, Aznar se reunió por primera vez con Josep Antoni Duran i Lleida, líder de Unió Democrática (UDC) por aquel entonces, para explorar "la posibilidad de un acuerdo entre el PP y CIU". Cuatro días más tarde, Jordi Pujol, líder de CIU y presidente de la Generalitat en ese momento, se reunió con Felipe González, presidente del Gobierno en funciones. En el encuentro, Pujol anunció que se reuniría con Aznar en sucesivas ocasiones para explorar estas negociaciones.
- La primera reunión entre Aznar y Pujol se produjo finalmente el 17 de marzo donde el PP entregó un "documento base de negociación" al presidente catalán. El primer acuerdo alcanzado entre ambas formaciones afectó a la composición de las Mesas del Congreso de los Diputados y el Senado de aquella legislatura.
- La segunda reunión fue el 31 de marzo. Pujol trasladó a Aznar el voto favorable de CiU a su investidura como presidente del Gobierno con la condición de que el PP reconociese previamente a España como un Estado plurinacional y el "hecho diferencial" de Cataluña.
- La tercera reunión fue la última antes de anunciar el 26 de abril el pacto definitivo entre ambas formaciones.
Tras la ratificación de los consejos nacionales de CDC y UDC y la ejecutiva del PP, el acuerdo de investidura se selló el 28 de abril en Barcelona, concretamente durante una cena celebrada en el hotel Majestic de la ciudad condal. Con los votos de PP, CIU, PNV y Coalición Canaria (CC) Aznar fue investido presidente el 4 de mayo de 1996.
Con el 'Majestic' se acordó el traspaso de competencias a Cataluña y pactos que afectaron a otras autonomías
Tras 55 días de negociaciones, el acuerdo de investidura alcanzado entre PP y CIU incluyó varias cesiones o transferencias de competencias a Cataluña como:
- Las competencias en materia de tráfico a la Generalitat de Catalunya, asumidas por la comunidad autónoma en 1997.
- La supresión de la figura del gobernador civil para incorporar los subdelegados provinciales.
- La promesa del PP de "desarrollar el modelo policial catalán". "Se procederá a modificar la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la medida en que ello resulte necesario", dice el texto.
- Las políticas de promoción de empleo y la formación profesional que también pasaban a ser competencia directa para la Generalitat de Cataluña.
Pero además abordó otros aspectos que afectaron al conjunto de España como:
- Un "nuevo modelo de financiación autonómica". Uno de los primeros puntos de encuentro en las negociaciones fue la cesión del 30% de la gestión del impuesto del IRPF a las autonomías.
- La promesa de profesionalizar el Ejército en un plazo de seis años, suprimiendo el servicio militar obligatorio, conocido popularmente como 'mili'. Terminó materializándose en marzo de 2001.
- La gestión directa de los puertos pasaría a ser autonómica. En el caso de Cataluña, el puerto de Barcelona y Tarragona son de gestión del Estado. El resto son de competencia exclusiva de la Generalitat desde 2020.
- El compromiso de continuar las políticas económicas encaminadas a incorporar a España "en la Unión Económica y Monetaria" de la Unión Europea, que culminó con la incorporación al Euro en 1999.
- La gestión autonómica de los impuestos sobre el patrimonio, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, sucesiones y donaciones y juego.
- Una reforma de la Ley de Costas para una "mayor participación de las comunidades autónomas" en sus competencias. Desde 2007 Cataluña tiene gestión directa en la ordenación y gestión de su litoral.
- Una rebaja en el precio de las autopistas que afectaría al porcentaje de IVA que se aplicaba en los peajes, pasando del 16% al 7%.
