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Probablemente hayas oído hablar de que el Gobierno ha decretado una reforma de desempleo en la que se recortan las pensiones para mayores de 52 años o que quieren bajar las cotizaciones para las personas que cobren esta ayuda, lo cual puede repercutir en una bajada de las pensiones.
Se trata de una reforma que el Gobierno decretó a finales de 2023 y cuya convalidación o derogación (lo que anularía la norma) se vota en el Congreso el miércoles 10 de enero. El cambio, criticado por partidos como Podemos, es el porcentaje cotizado por la prestación, que hasta 2023 se cuantificaba en el 125%, pero que en caso de convalidarse la norma se verá reducido en los próximos años hasta llegar al 100% en 2028. Esto supondrá que estas personas cobrarán una pensión de jubilación menor.
¿Qué es el subsidio para mayores de 52 años?
El subsidio por desempleo para mayores de 52 es una ayuda creada en 2019 que modificaba una ya existente que marcaba el umbral de edad en 55 años y que está destinada, entre otros casos, a aquellas personas que hayan agotado el paro o no tengan derecho a él con una serie de criterios de renta y de años mínimos cotizados. Desde 2019 hasta 2023:
La cuantía a percibir es del 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que a cierre de 2023 correspondía a una cantidad de 480 euros mensuales.
La base de cotización para la jubilación ha sido equivalente al 125% de la base mínima del Régimen General de la Seguridad Social, lo que quiere decir que se tributaba más de lo que se ingresaba para que luego beneficie posteriormente a la pensión de jubilación.
¿Qué es lo que se decretó a finales de diciembre y qué se vota el 10 de enero sobre la reducción de las cotizaciones para este subsidio?
La reforma del decreto del Gobierno, que si se convalida entrará en vigor en junio de 2024 y si se deroga no saldrá adelante, no modifica el dinero que recibirán los beneficiarios, pero sí supone reducir progresivamente la cotización de la ayuda, de manera que esta vaya del 125% de 2023 al 100% en 2028. Esto significa que las personas que la cobrasen a partir de su entrada en vigor dispondrán de una cotización menoren los siguientes años. La reducción en la cotización no afecta a quienes hubieran obtenido la ayuda antes del 1 de junio de 2024, que seguirán cotizando al 125%.
Además, según una periodista de El Mundo que afirma haber tenido acceso a una memoria económica elaborada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre la norma, el ahorro estimado se cuantificaría en 93,6 millones de euros anuales. Desde Maldita.es hemos solicitado esta memoria al Ministerio de Trabajo y al de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pero por el momento no hemos recibido respuesta.
Qué han dicho Podemos y el Gobierno sobre la reforma del subsidio por desempleo para mayores de 52 años
De cara a la votación este miércoles 10 de enero en el Congreso de la convalidación de este real decreto-ley, Podemos y varios integrantes del Gobierno de coalición del PSOE y Sumar han hecho estas valoraciones en público.
Ione Belarra o Isa Serra, de Podemos, han afirmado públicamente que están en contra de reducir la base de cotización para las ayudas, ya que, según dicen, esto implicaría un recorte de las futuras pensiones.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero (PSOE), dijo en TVE el 8 de enero [min. 8:10] que espera el apoyo de Podemos porque la “sobrecotización” que existía “no es necesaria” por la subida del salario mínimo en los últimos años (un 46% desde 2019).
También lo ha defendido el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey (SUMAR).
En este artículo de elDiario.es también se cita la postura de los sindicatos UGT y CCOO al respecto. Dicen que se trataría de una medida introducida por la exministra de Economía Nadia Calviño frente a la supuesta resistencia de Trabajo durante la negociación.
Desde otros partidos como el PP o Junts se han planteado críticas y cambios en los tres decretos-ley que se votan el miércoles, la reforma del desempleo, el decreto anticrisis y el llamado decreto ómnibus que conlleva reformas en Justicia, Función Pública o Justicia. El País publicó durante las negociaciones que existe la posibilidad de que si no se convalidan los decretos, se tramiten como proyectos de ley para incluir puntos que piden otros partidos.
