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El president de la Generalitat, Pere Aragonés, ha convocado elecciones anticipadas en Cataluña el próximo domingo 12 de mayo. Carles Puigdemont, expresident que lleva desde 2017 fuera de España y que reside en Bélgica desde entonces, ha dicho que, visto el calendario, podrá estar en el debate de investidura del president y que decidirá si se presenta a las elecciones el jueves 21 de marzo. Esto ha generado dudas sobre si podrá ser candidato a la Generalitat debido a los plazos de tramitación de la ley de amnistía.
¿Puede Puigdemont presentarse como diputado al Parlament de Cataluña?
Hay varias causas que concitan dudas de si puede o no presentarse. En primer lugar se encuentra el hecho de que, aunque su última residencia legal en España fue en Cataluña, lleva siete años en Bélgica. No fue un problema para presentarse a las elecciones catalanas de febrero de 2021, pero Ciudadanos anunció el 15 de marzo que recurrirá su candidatura si se presenta en 2024 basándose en una sentencia del Tribunal Constitucional que tumbó la candidatura de Toni Cantó a las elecciones madrileñas de mayo de 2021 por residir en la Comunidad Valenciana.
El hecho de que esté siendo investigado judicialmente hasta el momento no ha supuesto la suspensión de su derecho a ser elegido. Entre las causas de inelegibilidad se encuentra la condena a prisión por sentencia judicial, situación en la que el líder independentista no se encuentra a 20 de marzo de 2024.
¿Puede Puigdemont ser investido president de la Generalitat?
Una condición para ser elegido president de la Generalitat es ser miembro del Parlament. Por tanto, si Puigdemont quiere ser candidato a president de la Generalitat, debe adquirir la condición de diputado del Parlament. El reglamento de la cámara no especifica que deba asistir presencialmente para tal trámite, pero tampoco está claro si podría acreditarse sin acudir presencialmente al Parlament.
Otra cuestión diferente es el proceso de investidura en sí. El Tribunal Constitucional declaró en un auto en 2018 —ante el intento de Puigdemont de presentarse como president— que es obligatoria la asistencia presencial al Parlament para ser investido. Si Puigdemont sigue en busca y captura para entonces y pisa suelo español, será previsiblemente detenido y sólo podrá asistir con una autorización judicial.
¿De qué manera puede operar la ley de amnistía en todo este proceso?
Con la aprobación de la ley de amnistía en el Congreso, ahora la norma pasa al Senado. El Partido Popular, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta, ha anunciado su intención de retrasar al máximo la tramitación de la norma. Con la reforma del reglamento, el Senado tendrá hasta un máximo de dos meses para convocar un Pleno. Si no la aprueba y plantea enmiendas, el texto volverá al Congreso para decidir si se aprueban o no. En caso de rechazarse, el Congreso aprobará la norma previsiblemente a finales de mayo o ya en junio tal y como está. Al celebrarse las elecciones catalanas el 12 de mayo, se configura un escenario ajustado para Puigdemont en caso de que la amnistía salga adelante.
Si se aprueba la amnistía, ¿Puigdemont dejará de estar en busca y captura?
Puigdemont seguirá teniendo una orden de detención hasta que los tribunales anulen dichas medidas. La proposición de ley de amnistía establece que la responsabilidad penal, las medidas cautelares y, específicamente, las órdenes de búsqueda y captura deben decaer inmediatamente con la aprobación de la amnistía.
Lorena Bachmaier, catedrática de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid, explica que cada tribunal es el responsable de emitir la resolución que ejecute dichos preceptos: “La aplicación de la amnistía corresponde a los tribunales, no tiene efecto ni inmediato ni automático. Si no se desactiva la orden europea de detención y entrega ya emitida, podría ser detenido”. La norma da un plazo de dos meses para que los tribunales emitan la resolución. Si la norma se aprueba entre finales de mayo y junio, se establece una ventana de hasta finales de julio y agosto para poder ejecutarse.
Hay un último interrogante al respecto: si los tribunales elevan cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea o una cuestión de constitucionalidad al Tribunal Constitucional. Ambos recursos consisten en que, ante la aprobación de una nueva ley, si un tribunal tiene dudas sobre su aplicación o constitucionalidad, puede preguntarle tanto al tribunal europeo como al constitucional. Los artículos que regulan sendas figuras indican que se suspenden todas las medidas mientras se resuelve el asunto. Sin embargo, la ley de amnistía establece en su artículo 10 que los recursos que se presenten no tendrán efectos suspensivos.
Lorena Bachmaier indica que, si un tribunal envía una cuestión prejudicial sobre la ley de amnistía y su posible infracción de la ley de la Unión Europea, la cuestión “no deja en suspenso una orden de detención ya emitida”.
