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La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se sentaron a la derecha e izquierda, respectivamente, del Rey Felipe VI en el palco de autoridades de la final de la Copa del Rey el sábado 6 de abril en el Estado de la Cartuja de Sevilla.
El Gobierno de la Junta de Andalucía se quejó de la posición que ocupó la vicepresidenta, al afirmar que ha de estar por debajo de un presidente autonómico. La Vicepresidencia primera del Gobierno indica a Maldita.es que Montero acudió en representación de Sánchez, y que por ley ha de ocupar la misma posición que ocuparía el presidente del Gobierno.
La vicepresidenta del Gobierno acudió en representación de Sánchez y por protocolo tenía que ocupar la posición del presidente del Gobierno en el palco
La posición que ocupan los altos cargos en los actos oficiales las regula un real decreto de 1983 por el que se aprueba el Ordenamiento General de Precedencias en el Estado. Uno de sus artículos explica en qué orden se han de colocar los políticos o jefes de Estado, dependiendo de si el evento se celebra dentro o fuera de Madrid y de quién lo organiza.
El palco estaba presidido por el rey Felipe VI. Uno de los artículos del real decreto citado detalla que el resto de cargos se han de colocar alternándose de derecha a izquierda de la presidencia según su importancia. Se trata de un principio del protocolo institucional llamado "ley de la derecha" o "norma de la derecha", donde se reserva este lado a la persona más alta en la jerarquía.
Fuente: captura de pantalla del real decreto 2099/1983.María Jesús Montero acudió en representación del presidente del Gobierno, tal y como indica el gabinete de prensa de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda indica a Maldita.es.
Fuente: respuesta del gabinete de prensa de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda a Maldita.es.Según una nota que recoge Europa Press, Pedro Sánchez delegó en Montero la representación "a todos los efectos legales y reglamentarios", el viernes 5 de abril, antes de la celebración del evento deportivo. Cuando alguien acuda en representación del presidente del Gobierno, ocupará su posición en cualquier acto dentro o fuera de Madrid, que según uno de los artículos del real decreto citado anteriormente va por detrás de la familia real, sea fuera o dentro de Madrid.
Fuente: captura de pantalla del real decreto 2099/1983.El artículo académico 'El protocolo oficial', de Blanca Cid Villagrasa, explica que el Tribunal Supremo estableció en una sentencia de diciembre de 1986 que los presidentes de las comunidades autónomas no deberían estar ubicados después de los vicepresidentes del Gobierno.
Fuente: captura de la sentencia del Tribunal Supremo STS 9965/1986.La Generalitat de Cataluña impugnó el real decreto 2099/1983 para que los presidentes de las comunidades autónomas tuvieran un lugar más alto que los vicepresidentes del Gobierno en el orden de precedencia de los actos oficiales, tanto en los actos de dentro como fuera de Madrid. El Tribunal Supremo estimó de forma parcial el recurso de la Generalitat, determinando que los presidentes autonómicos ocuparan un lugar más alto, y, por tanto, un sitio por delante de los vicepresidentes.
Fuente: captura de pantalla del artículo 'El protocolo oficial', de Blanca Cid Villagrasa.Esta modificación no aparece en el real decreto 2099/1983 tal y como está redactado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Fuente: captura de pantalla del real decreto 2099/1983.Francisco Hidalgo Preciado, maldito que nos ha prestado sus conocimientos en derecho administrativo, detalla a Maldita.es que el hecho de que esta enmienda no esté recogida en el BOE, crea "una disonancia entre" lo que estableció el Tribunal Supremo "y la normativa vigente". "Mientras una norma no sea modificada oficialmente en el registro correspondiente, sigue prevaleciendo la redacción original para efectos administrativos y legales", indica.
En este artículo ha colaborado con sus superpoderes el maldito Francisco Hidalgo Preciado, experto en derecho administrativo.
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