9 months ago
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- Ecologistas en Acción señala que quien se sienta en el banquillo de los acusados no es solo Boliden, sino «la forma de operar espúrea del sector minero y de todo el extractivismo global».
- La organización ecologista considera que, una vez más, la industria minera pretende eludir la justicia y librarse de pagar sanciones e indemnizaciones, gracias al entramado societario del que se dotó previamente y a la quiebra de la sociedad pantalla.
- Ecologistas en Acción alerta de que este mismo modo de operar lo está llevando a cabo actualmente Grupo México. Esta minera internacional pretende reabrir la mina de Los Frailes en Aznalcóllar utilizando también un conglomerado de empresas, a través de la sociedad pantalla española Minera Los Frailes, participada en un 97% por Grupo México.
- En el juicio se ha concretado que el conglomerado Boliden recibió 67 millones de euros de indemnizaciones de compañías de seguros como consecuencia de la rotura de las balsas.
El 13 de julio, 25 años después del desastre de Aznalcóllar, finaliza la vista oral del juicio civil contra el entramado empresarial de la minera Boliden, a la que la Junta de Andalucía le reclama casi 90 millones de euros por los daños provocados por el vertido de lodos mineros de abril de 1998.
En el banquillo está Boliden Apirsa como titular de los derechos de explotación, Boliden AB, como socio mayoritario de esta empresa pantalla, y otra empresa del grupo, Boliden BV.
Ecologistas en Acción espera que la Justicia extienda la responsabilidad de las consecuencias de la rotura de la presa de residuos mineros a la sociedad matriz con solvencia patrimonial para responder a las sanciones e indemnizaciones. Boliden Apirsa, empresa pantalla creada expresamente para la explotación minera de Aznalcóllar, fue convenientemente abocada a un concurso de acreedores una vez que decidió, en 2001, quitarse de en medio, después de cobrar las subvenciones públicas por mantenimiento de puestos de trabajo. Además, se ha concretado hoy en el juicio que el conglomerado Boliden recibió 67 millones de euros de indemnizaciones de compañías de seguros como consecuencia de la rotura de las balsas.
La organización ecologista alerta de que esta forma de operar a través de entramados societarios, que sirven para eludir la justicia, son habituales en el sector minero. Sin ir más lejos, para la actual reapertura de la mina de Los Frailes en Aznalcóllar que la Junta de Andalucía pretende autorizar, la transnacional minera Grupo México está usando un conglomerado de empresas sin ni siquiera presentarse al concurso por los derechos mineros que se adjudicaron en 2015. Para ello, junto con la sociedad pantalla española Minorbis (empresa con el capital mínimo exigido de 3.000 euros y propiedad de los hermanos López Magdaleno de MAGTEL), han creado la empresa Minera Los Frailes, a partir de empresas anteriores como AMC Mining Iberia.
En el juicio oral que hoy acaba, la defensa de las Boliden alega la coculpabilidad de la administración andaluza por permitir el recrecimiento de la presa de residuos. Ecologistas en Acción siempre denunció la permisividad e inacción de la Junta de Andalucía y advirtió del desastre que se cernía con el último recrecimiento, pero considera que la culpabilidad recae sobre Boliden como responsable de una construcción deficiente por abaratamiento de costes. Es importante recordar que en 1995, unos años antes del desastre, un ingeniero de la propia minera alertó sobre las fisuras y filtraciones de la balsa de residuos y de la necesidad urgente de reforzar la estructura de la presa.
La organización ecologista recuerda que esta permisividad irresponsable del gobierno autonómico se repite con la autorización concedida recientemente para recrecer las macrobalsas de lodos mineros de la mina de Ríotinto. Subrayan que la rotura de estas balsas acarrearía un vertido 10 veces mayor que el que ocasionó el desastre ambiental de Aznalcóllar.
Destacan que la total ausencia de respecto ambiental y social de la industria minera, en este caso de Boliden, se hace patente en el negocio extra que tenía montado en las minas de Aznalcóllar con el tráfico ilegal de residuos tóxicos. Las empresas mineras, a menudo, utilizan las cortas y pozos abandonados para enterrar residuos industriales de terceras empresas.
Enterrando los residuos tóxicos o peligrosos, las empresas productoras de residuos evitan el coste mayor de entregarlas a un gestor autorizado de residuos. Al igual que sucedía en las minas de Aznalcóllar con Boliden, el enterramiento ilegal de los residuos tóxicos se hace sin ninguna medida de protección ambiental y estos terminan filtrándose al entorno por las escorrentías de aguas.
Ecologistas en Acción señala que no es necesario un desastre de las proporciones de Aznalcóllar y enfrentarse a cuantiosas indemnizaciones para que la matriz haga quebrar a las empresas interpuestas.
A menudo, aseguran, se declara en concurso de acreedores a la empresa pantalla sólo para eludir costear la restauración de la explotación minera, si esta tiene un coste más elevado que los avales depositados para llevarla a cabo.
La entrada Reclaman que el juicio del desastre de Aznalcóllar marque el fin de la impunidad de la minería aparece primero en Ecologistas en Acción.
